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Retención de riesgo y catástrofes naturales

15 de noviembre de 2026 · Miguel Avilés Palacios

El aumento de la frecuencia y severidad de determinados fenómenos naturales, unido a la creciente concentración de población, infraestructuras y patrimonio en zonas expuestas, está ampliando la distancia entre las pérdidas económicas y las pérdidas efectivamente aseguradas. En la Unión Europea, solo alrededor de una cuarta parte de las pérdidas provocadas por catástrofes climáticas se encuentra asegurada, proporción que en algunos países es inferior al 5 %. El Banco Central Europeo advierte, además, de que esta brecha de protección puede aumentar como consecuencia del cambio climático.

Esta evolución plantea una cuestión particularmente sensible para la Administración pública: ¿qué parte del riesgo catastrófico está siendo retenida conscientemente y qué parte permanece simplemente ignorada?

 La pregunta no es menor. La retención de riesgo puede constituir una decisión financiera legítima. Una Administración puede considerar eficiente asumir las pérdidas frecuentes y de menor intensidad, contratar franquicias elevadas, constituir reservas y transferir al mercado asegurador únicamente las pérdidas de mayor severidad. Sin embargo, para que exista una verdadera estrategia de retención es necesario conocer previamente la exposición, estimar la pérdida potencial, comprobar la cobertura efectiva y acreditar que existe capacidad financiera suficiente para absorber la parte no asegurada. 

Cuando estas condiciones no concurren, no estamos ante una política de autoseguro. Estamos ante un riesgo no identificado que, cuando se materialice, terminará repercutiendo sobre el presupuesto público y, en última instancia, sobre la ciudadanía.

 La incompetencia inconsciente como problema institucional

La expresión «incompetencia inconsciente» no debe entenderse únicamente como un reproche a los responsables públicos. Describe una fase de madurez organizativa en la que la propia Administración desconoce que sus instrumentos de análisis son insuficientes.

Es posible disponer de inventarios, pólizas de daños, planes de emergencia, mapas de protección civil y partidas presupuestarias y, pese a ello, ignorar la verdadera dimensión de la exposición. El problema surge porque la información se encuentra normalmente fragmentada. Patrimonio conoce los bienes; Contabilidad, su valor registrado; Contratación, las condiciones de las pólizas; Urbanismo, la localización; Protección Civil, las amenazas; los técnicos, la vulnerabilidad de las instalaciones; y Hacienda, la capacidad presupuestaria. Sin embargo, rara vez se integran todos esos elementos para responder a una cuestión fundamental: ¿Cuál es la mayor pérdida razonablemente probable, cuánto cubriría realmente el seguro y qué parte tendría que financiar la Administración con recursos propios?

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres sostiene que los desastres no dependen exclusivamente del fenómeno natural, sino también de decisiones humanas relativas a dónde y cómo se construye, cómo se utilizan los recursos y cómo se gestiona la vulnerabilidad. Asimismo, vincula la adecuada gobernanza del riesgo con la existencia de responsabilidades claras, coordinación institucional, recursos, seguimiento y rendición de cuentas.

 Desde esta perspectiva, la ausencia de análisis de pérdidas máximas no es solo una carencia aseguradora. Es una deficiencia de gobernanza pública.

 La peligrosa ilusión de estar asegurado

 Uno de los errores más frecuentes consiste en confundir la existencia de una póliza con la suficiencia de la protección financiera. La suma asegurada que figura en el contrato no equivale necesariamente al importe que se percibirá después de una catástrofe.

 La indemnización efectiva puede quedar limitada por franquicias, sublímites por inundación o terremoto, límites por ubicación, agregados anuales, exclusiones, periodos máximos de indemnización, defectos de declaración o insuficiencias en la valoración de los bienes. Una póliza con una suma asegurada global elevada puede ofrecer una protección muy inferior ante el escenario que amenaza realmente a la entidad.

 Debe diferenciarse, por tanto, entre tres magnitudes:

 Valor de reposición, que representa el coste actual de reconstruir o sustituir el activo.

  1. Pérdida Máxima Probable o PML, que estima la pérdida derivada de un escenario severo, pero razonablemente plausible.

  2. Cobertura efectiva, que expresa la indemnización verdaderamente disponible, una vez aplicados límites, sublímites, franquicias y exclusiones.

 El riesgo retenido puede formularse inicialmente como la diferencia entre la pérdida total del escenario y la indemnización efectiva. La fórmula revela por qué la suma asegurada nominal no resulta suficiente para determinar el grado de protección.

 Supongamos una Administración con activos por un valor de reposición de 500 millones de euros. Su PML por inundación se estima en 180 millones y la interrupción de los servicios generaría otros 40 millones. Aunque la póliza tenga un límite general de 100 millones, puede existir un sublímite de inundación de 60 millones, una franquicia de 5 millones y 15 millones de costes no cubiertos. La cobertura efectiva sería, por tanto, de 40 millones, mientras que el riesgo retenido alcanzaría los 180 millones.

En estas circunstancias, afirmar que la entidad está asegurada por 100 o por 500 millones ofrecería una imagen distorsionada de su verdadera posición financiera.

Del daño físico al riesgo fiscal y social

La pérdida catastrófica de una Administración no se limita al coste de reparar edificios e instalaciones. También comprende actuaciones de emergencia, contratación provisional, realojamientos, pérdida de ingresos, reparación de infraestructuras, adaptación a nuevas exigencias normativas y mantenimiento de los servicios esenciales durante la reconstrucción.

La OCDE advierte de que los desastres generan daños y perturbaciones sobre la propiedad y las infraestructuras, pero también efectos fiscales derivados del gasto de recuperación y reconstrucción y de la posible disminución de ingresos tributarios.

La catástrofe transforma así un riesgo físico en un riesgo presupuestario. Cuando la parte no asegurada supera la capacidad normal de absorción financiera, la Administración debe recurrir a modificaciones presupuestarias, endeudamiento, aplazamiento de inversiones o financiación extraordinaria. El coste no desaparece por no haber sido reconocido previamente. Simplemente aflora después del siniestro, cuando las posibilidades de decisión son menores.

A ello se une la expectativa de que una Administración superior intervendrá en caso de desastre. Sin embargo, las ayudas públicas pueden ser parciales, tardías, condicionadas o insuficientes. Una ayuda eventual no constituye capacidad financiera disponible mientras no exista un mecanismo cierto, cuantificable y jurídicamente definido.

Confiar la estrategia de recuperación a una posible asistencia futura equivale a sustituir la planificación financiera por una expectativa política.

La PML como instrumento de gobierno

La PML no debe concebirse como un cálculo reservado a aseguradoras y corredores. Es un instrumento de gobierno que permite relacionar la exposición física con la capacidad económica de la Administración.

Su estimación exige identificar los peligros relevantes, localizar los activos, actualizar sus valores de reposición, analizar su vulnerabilidad y modelizar escenarios. También debe incorporar acumulaciones territoriales, interdependencias y tiempos de recuperación. No es lo mismo perder un edificio administrativo que una instalación de abastecimiento de agua, un centro sanitario o una infraestructura cuya indisponibilidad paralice servicios críticos.

En el ámbito público, la unidad de análisis no debe ser únicamente el activo, sino el servicio que ese activo permite prestar. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres señala que la resiliencia de las infraestructuras debe valorarse también atendiendo a los servicios esenciales que proporcionan y a su capacidad para mantenerlos o recuperarlos.

Una correcta evaluación debería diferenciar, al menos:

  • la pérdida esperada asociada a sucesos frecuentes;

  • la PML correspondiente a escenarios severos plausibles;

  • la pérdida máxima previsible en condiciones especialmente adversas;

  • el coste de la interrupción y continuidad de los servicios;

  • la cobertura efectiva proporcionada por las pólizas;

  • la capacidad financiera propia para absorber el exceso.

Solo después de realizar este análisis puede decidirse qué parte del riesgo debe mitigarse, cuál puede transferirse y cuál puede retenerse.

De la contratación de seguros a una arquitectura de protección

El seguro no puede sustituir a la prevención. Tampoco resulta económicamente eficiente transferir cualquier nivel de pérdida. La respuesta adecuada exige una arquitectura por capas.

Las pérdidas frecuentes y moderadas pueden financiarse mediante mantenimiento, franquicias, reservas y partidas ordinarias. Las pérdidas severas pueden transferirse mediante seguros, coaseguro o reaseguro. Los escenarios extraordinarios requieren fondos de contingencia, financiación preacordada y mecanismos públicos de respaldo.

La recomendación de la OCDE sobre resiliencia financiera frente a desastres sitúa las herramientas de transferencia dentro de una estrategia más amplia, que debe integrar la identificación de peligros, la evaluación de vulnerabilidades, la reducción del riesgo, la adaptación y la recuperación resiliente.

La finalidad no consiste en asegurar absolutamente todo, sino en asignar cada nivel de pérdida al instrumento más adecuado y evitar que la financiación posterior al desastre dependa de decisiones improvisadas.

Conclusión: El principal problema no es que la Administración retenga riesgo. Toda organización retiene una parte, incluso cuando dispone de seguros amplios. El problema aparece cuando esa retención no ha sido identificada, cuantificada, financiada ni aprobada expresamente.

Sin una estimación de la PML, la Administración desconoce cuánto puede perder. Sin un análisis de la cobertura efectiva, desconoce cuánto pagará realmente el asegurador. Sin una evaluación de su capacidad financiera, desconoce qué servicios o inversiones deberá sacrificar para afrontar la reconstrucción.

La retención consciente es una decisión estratégica basada en información, capacidad financiera y rendición de cuentas. La retención inconsciente es una pérdida potencial oculta que solo se hace visible cuando el desastre ya ha ocurrido.

Por ello, avanzar desde la incompetencia inconsciente hacia una verdadera gobernanza del riesgo exige transformar la contratación de seguros en una política integral de protección patrimonial, resiliencia financiera y continuidad de los servicios públicos. La PML no elimina la incertidumbre, pero permite hacerla visible, medirla y gobernarla. Y aquello que una Administración no mide ni gobierna termina, tarde o temprano, siendo asumido por el presupuesto público y por la sociedad.

Y en el próximo artículo: Infraestructuras críticas bajo asedio